El concepto de políticas activas de empleo surge en Europa a partir de la segunda mitad de la década de 1980 en respuesta a una bolsa de desempleo estructural cada vez mayor, formada por colectivos con dificultades sociales, culturales y económicas que les impedían el acceso al mercado de trabajo. Se trata de un concepto opuesto a las tradicionales medidas asistenciales basadas en exclusiva en el pago de prestaciones, que pasan a denominarse políticas pasivas.
Hoy en día, como recoge la Ley española 56/2003 de empleo, se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y la economía social.
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Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo.
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Desarrollar programas de formación profesional ocupacional y continua y cualificar para el trabajo.
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Facilitar la práctica profesional.
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Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad.
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Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
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Promover la creación de actividad que genere empleo.
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Facilitar la movilidad geográfica.
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Promover políticas destinadas a inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
El diseño y aplicación del nuevo modelo de políticas activas es un contenido básico del diálogo social, lo que ha permitido a los sindicatos españoles una experiencia que ISCOD aplica en la actualidad en sus Convenios y Programas de Cooperación en África, América Latina y Balcanes