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viernes, 24 de julio de 2015

INICIA UN PROYECTO PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Participan organizaciones sociales y representantes de víctimas, así como los sindicatos de la salud y de las madres comunitarias del departamento de Nariño

 

Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado del departamento de Nariño, así como las organizaciones que trabajan con ellas, serán las principales beneficiarias del proyecto que ha iniciado el ISCOD Colombia, en asociación con la contraparte local Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el cual está financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y tiene como objetivo desarrollar estrategias de prevención y atención de violencia sexual en el conflicto armado con mujeres víctimas, afro, indígenas, niños, niñas y adolescentes en Nariño.

 

El proyecto “Desarrolladas estrategias de prevención y atención de violencia sexual en el conflicto armado con mujeres víctimas, afro, indígenas, NNA en Nariño”  ha comenzado estableciendo relaciones institucionales tanto con las autoridades locales encargadas de dar atención en la materia, como la Gobernación y las Alcaldías de Pasto y Tumaco, localidades de implementación del proyecto, como con las organizaciones de víctimas organizadas en la Mesa de Víctimas de Pasto, así como con la universidad CESMAG, con la que se está en proceso de firma de un convenio de colaboración.

 

Atendiendo al componente de incidencia política y aprovechando la coyuntura electoral para gobernaciones y alcaldías actual, desde el proyecto se participó el 14 de agosto en el “Encuentro sobre incidencia en programas de gobierno”, organizado por el Instituto Nacional Demócrata, y en el que se trabajó con la Mesa de Víctimas para identificar las principales necesidades de las víctimas en materia de incidencia, y los cauces a través de los cuales realizarla para fortalecer las políticas públicas relacionadas con esta población en los programas y planes de gobierno de los mandatarios.

El proyecto busca desarrollar e impulsar desde la sociedad civil estrategias que permitan mejorar la prevención y la atención de la violencia sexual que se produce en el marco del conflicto armado, para lo cual se trabajará desde un enfoque de género, pero también étnico, atendiendo a las diferentes necesidades de mujeres afrodescendientes e indígenas, así como de edad. Para la implementación del proyecto, se trabaja con organizaciones que representan a estas personas, así como con el sindicato de madres comunitarias y de la salud del departamento de Nariño.

 

El primero de los resultados del proyecto se orienta a fortalecer las capacidades de las organizaciones, en el entendido de que un conocimiento profundo de los derechos así como de los mecanismos de exigibilidad conducirá a mejorar la atención a los colectivos con los que trabajan. Para ello se pondrá en marcha un diplomado en colaboración con la universidad CESMAG sobre DDHH, en particular derechos de las mujeres con respecto a la violencia de género. En este diplomado participarán organizaciones tanto de Pasto como de Tumaco.

 

Un segundo resultado permitirá aumentar la prevención y la atención a las víctimas, para lo cual se elaborarán conjuntamente con las organizaciones rutas de atención a víctimas, con un destacado enfoque de género, étnico y por edad. Dichas rutas serán compartidas con los miembros de las organizaciones, para incrementar las personas capacitado en un proceso de multiplicación del conocimiento. Esto será especialmente relevante en el caso de los sindicatos de la salud, puesto que se pretende que los/as sanitarios/as formados/as y sensibilizados/as mejoren la atención a las víctimas de violencia que acuden a los servicios de salud, así como en el caso de las madres comunitarias, puesto que al estar en contacto con las familias y los menores pueden realizar una importante tarea en prevención y atención de violencias.


El tercer resultado se centra en la realización de incidencia en políticas públicas, para lo cual se cualificará la participación de las organizaciones en los espacios de relación con el Estado existentes, y se creará un observatorio de violencia de género que permitirá recopilar información para generar documentos de incidencia.

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